Así lo ha manifestado el presidente de la PTS, Luciano Poyato, quien ha explicado que la Plataforma ha presentado una panorámica real del impacto social que está teniendo la pandemia en las personas vulnerables, haciendo especial hincapié en los colectivos de personas mayores, sin hogar, personas con discapacidad, aquellas que viven en situación de exclusión social y el pueblo gitano, que son los grupos que están sufriendo en mayor medida la dureza de las consecuencias. 

 

Además, durante la reunión se han puesto sobre la mesa otros temas transversales que afectan a todo sector y se ha enfatizado en la necesidad de crear un Grupo Operativo entre la propia PTS y el Gobierno con el objetivo de tener una interlocución real, efectiva y productiva para poder gestionar, desde el punto de vista social, la pandemia, atendiendo a las necesidades de las propias entidades, sus trabajadores y voluntarios, pero también teniendo en cuenta la nueva realidad y la cronicidad de las situaciones de vulnerabilidad.

 

El Tercer Sector también ha pedido al Ejecutivo “compromiso de diálogo y escucha activa” antes de adoptar medidas sociales de relevancia, incluidas en el denominado escudo social, priorizando sobre todo la regulación del ingreso mínimo vital o la paralización de las cuotas de los arrendamientos de viviendas para sectores vulnerables.

 

 

Durante la reunión, la PTS ha puesto sobre la mesa una serie de medidas relacionadas con la sostenibilidad y la financiación del propio Tercer Sector. Así, ha pedido al Estado que promueva un acuerdo con las Comunidades Autónomas para que no realicen ninguna reducción de la financiación a las ONG como consecuencia del coronavirus.

 

En este sentido, ha incidido en la necesidad de aprobar fondos extraordinarios para fines sociales, por parte del Estado a las CC.AA., para hacer frente a los efectos de la crisis en los grupos más vulnerables, que seguirían a los 300 millones ya acordados y repartidos territorialmente.

 

Otro punto importante que se ha abordado durante la reunión es la gestión “extraordinaria y excepcional” de la recaudación conseguida a través de la casilla con fines sociales del Impuesto de Sociedades durante el año 2019 (año fiscal 2018) para abordar la crisis de la pandemia. El objetivo único sería dotar de recursos a las organizaciones sociales de ámbito estatal para destinarlo a programas y acciones de reducción del impacto del Covid-19 en los grupos sociales más vulnerables.

 

El presidente de la PTS ha explicado que para ejecutar esto no se esperaría a la aprobación del Real Decreto que regula la medida, que lleva pendiente meses, sino que se aprobaría una norma también “excepcional” en el marco del estado de alarma.

 

Además, desde el Tercer Sector han insistido a Álvarez en aprobar “con inmediatez” la declaración de las entidades sociales como servicio esencial en la gestión de la crisis para poder dotar a todos los voluntarios y trabajadores de los equipos de protección personal (EPI), de pruebas diagnósticas masivas y rápidas y de las garantías necesarias para que puedan moverse y seguir atendiendo las necesidades de los diferentes colectivos.

 

Por último, se ha propuesto la creación de un teléfono de emergencia social universal y accesible que pueda proporcionar información a todo aquel que lo necesite y la aprobación de una nueva definición legal global del concepto de vulnerabilidad social, ya que actualmente existe una ad hoc para cada situación particular (pobreza energética, desahucios, etc) sin una visión coherente y transversal.

 

 

Fundada en enero de 2012 por siete de las organizaciones más representativas del ámbito de lo social en España (PVE, POAS, EAPN, CERMI, Cruz Roja, Cáritas y ONCE), a la Plataforma se han sumado posteriormente la Coordinadora de ONGD de España, la Plataforma de Infancia.

 

Además, forman parte de la PTS diez plataformas y mesas territoriales. Actualmente, representa a cerca de 30.000 entidades del ámbito social.